Criminalizando a las víctimas

Marcela Poirier es una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quien denunció al profesor Luis Jaime Castillo Butters por acoso sexual en el ámbito universitario entre los años 2007 y 2013, lo que sacó a la luz otras denuncias anónimas. La primera instancia donde se realizaron estas denuncias fue la universidad en el marco de sus reformas y la publicación de su protocolo para la atención de acoso sexual en el ámbito universitario.

La denuncia de Marcela fue archivada bajo el argumento que los hechos pasaron antes de la publicación del protocolo y por ello no estaban facultados para iniciar un proceso de sanción; a pesar de encontrar indicios de culpabilidad en los actos realizados por Luis Castillo.

El informe de la denuncia presentada por Marcela a la universidad indicó comprender el miedo de las estudiantes a exponer su identidad por las posibles represalias por parte de los profesores, como en el caso de Luis Castillo ya que es una figura con influencia a nivel nacional e internacional; sin embargo en posteriores declaraciones se deslizó qué las denuncias anónimas pueden ser un signo de falsedad, invalidando los testimonios y revictimizando a las estudiantes.

Esto evidenció que a pesar de los avances y reformas que la universidad ha venido realizando en los últimos años, no se ha logrado concientizar a las autoridades sobre la importancia de priorizar la atención a las víctimas, tomando en cuenta las relaciones de poder desiguales que existen en estos casos.

Esta situación podemos observarla en el poder judicial de nuestro país, como ha quedado demostrado con la decisión de la jueza Gabriela Torrejón Comeca quien castigó a Marcela con 2 años de prisión suspendida y el pago de 180 mil soles, después de que Luis Castillo presentara una denuncia de presunta difamación cuando la PUCP decidó archivar la denuncia de acoso sexual.

Esta decisión ha sido apelada por Marcela en una audiencia pública el día de ayer, la cual concluyó con la decisión de la jueza que no existirían más audiencias y que la decisión sería tomada por el Poder Judicial.

Por ello, instamos a las autoridades a poner especial atención a esta situación, que revictimiza a Marcela, además de enviar el mensaje a todas las mujeres que han sufrido alguna situación de violencia y denuncian que el Estado Peruano es indiferente frente a esto, dejando impunes a los acusados a pesar de la existencia de pruebas.