Cuando las voces de unos se escuchan más que las de otras

Escrito por la Mancha Bloguera

En nuestro país se liberan feminicidas, se absuelve violadores y ahora se condena a víctimas y defensoras de los derechos mientras el agresor termina con la cara lavada. La “justicia” peruana, fiel servidora del patriarcado, ha enviado un claro mensaje a cada mujer víctima de hostigamiento y las defensoras de nuestros derechos: ¡Si alzas la voz, te vamos a callar!

El 23 de mayo del 2022, la jueza Torrejón falló en contra de Marcela Poirer y la sentenció por difamación a 1 año y 8 meses de prisión suspendida y a pagar 180,000 soles por daños a su demandante, Luis Jaime Castillo Butters, docente activo de la carrera de Arqueología de PUCP, a pesar de que la misma institución encontró indicios de hostigamiento sexual.

Este resultado es producto de la desestimación de los testimonios y sentires de las personas que sufrieron acoso por Castillo Butters, de la nula validación judicial sobre la salud mental de las denunciantes, y de la falta de conciencia de las consecuencias que dicha sentencia provocará en la vida personal y laboral de la sentenciada. Lamentablemente, esta sentencia invalida y silencia las voces de las denunciantes, y justifica la voz de Luis Jaime Castillo Butters.

Uno de los problemas en este caso es que la decisión de la jueza Gabriela Torrejón se convierte en una espada de Damocles para cualquiera que quiera denunciar hostigamiento sexual, pues desalienta y silencia a las mujeres que sufren este tipo de violencia, consecuencia del ejercicio de poder de un docente hacia sus estudiantes.

Otro problema más grave es el rol desempeñado por el Estado y las instituciones, en particular de la PUCP. Se ha establecido que el Estado debe proteger a las víctimas que deciden denunciar, bajo la premisa de que todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad moral, física y psíquica, ello según la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual, cuyo objetivo es la prevención y la sanción esta forma de violencia en relaciones de autoridad. Por tal motivo, constituye una falta grave no prevenir ni crear las condiciones necesarias para que el hostigamiento cese y sea sancionado.

Desde el caso de Poirer, se reconoce más que una revictimización. Se manifiesta una invalidación de su voz, sentimientos y testimonio, pues la defensa de Castillo Butters construyó un discurso de odio para desestimar la veracidad de la denuncia de Marcela. Asimismo, recurrieron a los mecanismos discursivos de revictimización: por qué no denunció antes. Se olvidaron que una mujer violentada no denuncia cuando quiere, sino cuando puede. Señalaron también que la denuncia de Marcela contra Castillo Butters es una venganza al no haber accedido a una beca; sin embargo, con esta sentencia, condenan sus posibilidades futuras a nivel profesional y personal. ¿Quién se estaría vengando? Cabe mencionar que se descalificaron los testimonios que coincidieron con la denuncia de Poirer en cuanto al hostigamiento, debido a que se argumentó que estos no cuentan con medios probatorios. Sin embargo, la voz, el sentir y la percepción del demandante sí fueron validados y tomados como prueba desde una valoración subjetiva y parcializada (y claramente misógina).

Además, se evidenció otra problemática que sirvió de asidero a la defensa de Castillo Butter: la desestimación del caso por la PUCP. Esta prestigiosa casa de estudios superiores ignoró los testimonios de otras estudiantes y docentes, a pesar de que se identificaron indicios. Al margen de las formalidades, la PUCP no se ha pronunciado con la severidad que amerita una situación de violencia y de disparidad de poder que han sido evidentes. No ha condenado el hostigamiento como práctica ni ha establecido sanción ni recomendación para corregir el actuar violento de Castillo, pese a los indicios de su comportamiento. Asimismo, no ha aplicado, al menos no públicamente, las medidas necesarias para prevenir cualquier acto que vulnere la dignidad de las personas y afecte el ejercicio pleno de sus derechos. Con esa decisión formalista, la PUCP se lavó las manos y olvidó sus obligaciones éticas: proteger a sus estudiantes y constituirse en un espacio seguro. De esta forma, se demostró que los principios que supuestamente guían sus decisiones, como la solidaridad, la justicia, la honestidad y la transparencia, son palabras sin sentido en su accionar cotidiano. Por el contrario, amedrenta y pretende sancionar a estudiantes activistas que han denunciado una serie de agresiones por parte de algunos docentes. En definitiva, la PUCP no es un espacio seguro para ninguna persona ni constituye un lugar ético y moral que sancione al sujeto de poder cuando este ha vulnerado la integridad de una estudiante.

El programa del voluntariado es posible gracias al apoyo de Cuso International y al Gobierno de Canadá.