Poder y políticas

Contribuimos al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en toda su diversidad, libre de acoso político, con paridad y alternancia y a la adopción/implementación de políticas públicas para la igualdad de género y no discriminación, en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Perú. En esa línea, promovemos el empoderamiento y los liderazgos sociales de las mujeres, impulsamos iniciativas legislativas y de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres en los niveles nacional, regional y local, con énfasis en el derecho a la participación y representación política paritaria, el derecho a los cuidados y vida libre de violencias.

Parte fundamental de nuestro trabajo es aportar al fortalecimiento de capacidades de las mujeres como titulares de derechos, para el ejercicio de sus derechos y el acceso a la ruta de atención de las violencias machistas, así como para la implementación de estrategias de vigilancia ciudadana comunitaria e incidencia política, cuyas recomendaciones contribuyen a mejorar los servicios en los territorios donde se trabaja en articulación público-privado, multiactor y multinivel. Abordamos también el trabajo de cuidados que asumen las mujeres de manera desigual, no reconocido y no valorado.

Impulsamos y aportamos a la reforma del sistema político y electoral a través de la campaña nacional “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso político”, que desarrollamos conjuntamente con el CMP Flora Tristán en alianza con la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú-RENAMA.

¿Qué hacemos?

Trabajamos a través de proyectos que nos permiten alcanzar los objetivos que tenemos como programa dentro de Manuela Ramos.

Voz y Liderazgo de las Mujeres-VLM. Proyecto desarrollado conjuntamente con DEMUS, CMP Flora Tristán Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y el Movimiento Manuela Ramos, en 14 departamentos del Perú con el objetivo de fortalecer los liderazgos feministas y las organizaciones y colectivas. Se ejecuta con CUSO International y el financiamiento del Gobierno de Canadá.

Mujeres, organizaciones y autoridades mejoran las condiciones en sus comunidades para favorecer el ejercicio y vigencia del derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres en Ayacucho y Huancavelica. Ejecutado como socia local de la Fundación InteRed, con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Se busca fortalecer la construcción de un sistema local con enfoque territorial para la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, convocando y movilizando a autoridades, operadoras/es de los servicios de la ruta de atención, fortaleciendo factores protectores en las mujeres en lo personal y organizacional.

Así también reforzar la articulación horizontal y vertical entre las autoridades de justicia, comunales y estatales y establecimiento de pautas y mecanismos de coordinación, considerando las particularidades de los diferentes niveles territoriales: comunal, distrital, provincial y regional.

Contribuyendo a la prevención, sanción y erradicación del acoso político y acoso sexual callejero contra las mujeres como modalidades de violencia de género en el ámbito público en Puno, Perú. Ejecutado como socia local de la Fundación InteRed con el financiamiento de la Generalitat Valenciana. Se busca contribuir a la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias de género, en los ámbitos privado y público en Puno, Perú, en el marco de la implementación del ODS5 a través del empoderamiento y participación organizada de mujeres líderes y jóvenes para enfrentar las violencias de género en el espacio público (acoso político y acoso sexual callejero) en Puno, Azángaro y Lampa, provincias del departamento de Puno.

Somos la mitad, queremos paridad.

¿Con quiénes trabajamos?

Nuestro trabajo tiene cobertura nacional y territorialmente trabajamos en Ayacucho, en la provincia de Acobamba (Huancavelica), en Puno (provincias de Puno, San Román y Azángaro) y en el distrito de Independencia (Lima Metropolitana). Trabajamos con:

Con titulares de derechos: mujeres jóvenes y adultas, de áreas urbanas, periurbanas, rurales y de pueblos indígenas/originarios, para el ejercicio de sus derechos políticos y vida libre de violencias de género.
Con titulares de obligaciones, autoridades, funcionarias/os y responsables de los servicios de la ruta de atención de las violencias, fortaleciendo sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones con debida diligencia, garantías de no repetición y desde los enfoques de derechos, interculturalidad, género e interseccionalidad.
Con titulares de responsabilidades, periodistas, comunicadoras/es para el tratamiento noticioso de las violencias contra las mujeres sin estereotipos de género ni revictimización y con estándares de derechos humanos de las mujeres.
Con organizaciones de mujeres urbanas, periurbanas, indígenas, colectivas feministas y redes de mujeres autoridades.
Con instancias de concertación regional, provincial y distrital para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar integradas por autoridades de los servicios de la ruta de atención de las violencias de género.
Con grupos de hombres que activan frente al acoso sexual en espacios públicos y por la corresponsabilidad igualitaria de los cuidados
Con jóvenes, mujeres y hombres que se desarrollan estrategias de activismo juvenil feminista por igualdad y no discriminación.

Logros

Capacitamos e informamos a más de 28,500 mujeres sobre sus derechos políticos, incluyendo a más de 3,000 candidatas a cargos por elección popular.

Impulsamos desde 1990, junto con otras organizaciones feministas, la aprobación de la Ley de Cuotas, que se hizo realidad en 1997 y tuvo un impacto efectivo en la elección de más mujeres al Congreso, municipalidades y gobiernos regionales. Con la aplicación de las cuotas políticas, la participación de mujeres en el Congreso se elevó de 11% (1995, sin cuota) a 22% en el 2000 (cuota equivalente al 25%), a 18% en el 2001 (cuota de género del 30%) a 29% en las elecciones del 2006, 22% en el 2011, 28% en el 2016 y 26% en el 2020.

Impulsamos como Campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso político, que desarrollamos junto con el CMP Flora Tristán, la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia, Ley 30996 (2019) y Ley N° 31030 (2020), para las listas al Congreso, Consejos regionales y Concejos municipales. También para el Parlamento Andino, plancha Presidencial y Gobernación regional. Esta ley se aplicó en las Elecciones Generales 2021, teniendo como resultado histórico la elección de 49 (37,7%) mujeres congresistas para el periodo 2021-2026. Y, también la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, Ley N° 31155 (2021).

Contribuimos a la elaboración participativa de Rutas de atención de la violencia contra las mujeres, herramienta orientadora para instancias de concertación y para las sobrevivientes sobre los servicios con pertinencia cultural y enfoque territorial.

Colaboramos en el proceso de la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2010).

Desarrollamos la Campaña Más Mujer (2014) por el reconocimiento del trabajo de cuidados y por la reglamentación de la Ley 29700, que crea la Cuenta Satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado en las Cuentas Nacionales.

Colaboramos con el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el proceso de valoración del aporte del trabajo doméstico no remunerado al producto bruto interno (PBI), que el INEI estableció en 20,4% (2016).

Registramos, en alianza con las Redes de Mujeres autoridades, casos de acoso político con las mujeres, varios de ellos acompañados legalmente y todos difundidos como alertas de acoso políticos a través de las redes de la campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso político.

Impulsamos la propuesta y apoyamos a las organizaciones de mujeres en la incidencia para la aprobación de la primera ordenanza regional (GR Puno) para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual en espacios públicos.

1,760 responsables de los servicios de la ruta de atención a la violencia fortalecieron sus capacidades y actualizaron sus conocimientos sobre la normatividad para la atención de la violencia de género en el contexto de la pandemia.

Impulsamos junto con mujeres y sus organizaciones que hacen incidencia política, propuestas de ordenanzas de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados que por la injusta división sexual del trabajo sobrecargan la jornada de las mujeres en toda su diversidad. Frente a ello, promovemos la corresponsabilidad igualitaria familiar y social; y, el reconocimiento del 22 de julio como Día del trabajo doméstico no remunerado (II Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe, 1983) y del 29 de octubre como Día Internacional de los cuidados y el apoyo (ONU, 2023).