Los “castigos ejemplares” y otras mentiras

Pongamos algo de contexto, el día 06 de noviembre el diario La República publicó una serie de artículos sobre el hackeo a las unidades cibernéticas del Ejército peruano (EP) por parte del grupo Guacamaya Leeks. Acto que dejó al descubierto información sensible sobre el manejo operativo de esta institución, además de un largo historial de denuncias por violencia basada en género que no fueron atendidas.

En estos reportajes se informó que existen 194 denuncias hacia agentes activos del EP que no fueron atendidas de forma oportuna, mientras que los oficiales involucrados solo recibieron un castigo simbólico al ser recluidos entre 01 a 05 días en sus habitaciones dentro de los cuarteles. Siendo lo peor que estas “sanciones” fueron bajo la tipificación de “daño a la imágen institucional”; invisibilizado y quitando importancia al componente de violencia basada en género que estas denuncias acarrean.

El hecho que una de las instituciones que debería defender el territorio peruano y a su población no haya adecuado sus normativas a leyes como la 30364 o la Política nacional de igualdad de género solo demuestra la nula voluntad política para cerrar las brechas de género existentes en nuestro país.

Pero nada de esto realmente debería sorprendernos, recordemos que solo hace unas semanas salió a la luz la denuncia de una chica de 19 años quien fue violentada sexualmente dentro de las instalaciones de un cuartel militar y cuyos agresores eran agentes activos del EP.

Y si bien el caso generó revuelo e indignación en redes y canales de comunicación tradicionales al inicio, lamentablemente como es el caso de muchas noticias similares fue olvidada al llegar el próximo titular escandaloso que satisfaga la necesidad de rating y la indignación pasajera.

Menciono esto porque no es la primera y tampoco será la última vez que una institución del Estado actúe de forma negligente al tratar casos de violencia basada en género, menos en un contexto con autoridades antiderechos y misóginas. Sin olvidar que el EP tiene un largo historial de violación de derechos humanos que viene desde el conflicto armado e incluso desde antes, situaciones por las que se ha hecho poco o nada y que deja a miles de víctimas y familias sin justicia, ni reparación.

Mi intención no es decir que estás 194 denuncias son unas más y que deberíamos dejarlas pasar porque no hay nada que hacer; nada más lejos de la realidad. Mi objetivo a traer esto a colación es que nos demos cuenta que mientras estamos leyendo este artículo, hay cientos de mujeres sufriendo situaciones de violencia en nuestro país y que si seguimos sin hacer nada la situación sólo seguirá empeorando, por ello debemos tomar acciones desde la posición en la que estemos y alzar la voz por todas aquellas que nos fueron arrebatadas y por todas las que están, las que vienen; para que no tengan que pasar por lo mismo que estás 194 mujeres o por las cosas que nosotras y nosotrxs hemos pasado.

Gis MV Promotorx del Mov Manuela Ramos