Sociedad civil organizada y la ciudadanía exigen máximas sanciones contra agresores sexuales

En el Perú, las mujeres enfrentan distintas situaciones de desigualdad y violencia en muchas etapas de su vida, desde la negativa de implementar la educación en sexualidad integral (ESI) o el enfoque de igualdad de género en las escuelas; hasta la incapacidad del Estado para prevenir la violencia, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas.

Frente a esta situación, organizaciones feministas, colectivas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras/es de derechos humanos expresan su repudio a las agresiones sexuales y hacen un llamado en favor de miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas que ven afectadas su salud física, mental y social a causa de la desprotección e incumplimiento del Estado, en su rol de garante de los derechos fundamentales de la mitad de la población.

En medio de un contexto político adverso para el país, el Ejecutivo decidió responder a los casos de violencia sexual con una propuesta de castración química, que además de no existir evidencia científica que desmuestre su efectividad, deja de lado los aportes y opiniones de especialistas que llevan años colocando en la agenda pública la prevención de esta problemática.

Con la propuesta, que deberá ser aprobada en el Congreso, se deja de lado el rol preventivo del Estado, debido a que aplicar la castración química como respuesta no solo será ineficaz, sino que será un distractor más que se suma a otras propuestas que buscan combatir esta realidad antes de que existan las víctimas.

En ese sentido, desde la sociedad civil se exigen medidas que fortalezcan la prevención de esta situación, cómo la inversión en salud mental y en políticas públicas para transversalizar el enfoque de género, la atención integral de las víctimas en los servicios de salud y justicia, además, la publicación del registro de agresores, así como el involucramiento del MINEDU, a través de la implementación efectiva de la educación con enfoque de género y Educación en Sexualidad Integral (ESI).

Este pronunciamiento público que cuenta con casi 500 firmas, entre organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, también exhorta al Congreso a rechazar la propuesta legislativa de castración química y centrarse en la rendición de cuentas sobre la implementación de las políticas públicas vigentes, así como priorizar normas orientadas a la prevención, la atención y reparación de las víctimas y aquellas que se orienten a luchar contra la impunidad de todas las formas de violencia sexual que afectan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.